La inclusión del término «viable» en las explicaciones del Gobierno sobre el reparto de ayudas para pymes y autónomos ha causado mucha preocupación. Los Fondos se esperan como agua de mayo, pero no serán para todos. Solo los negocios “con futuro” tendrán acceso a ellos.

Así de claro lo recoge en reiteradas ocasiones el recientemente aprobado Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo , de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

“En ningún caso el Fondo apoyará financieramente a empresas que con anterioridad a la crisis de la COVID-19 tuvieran problemas de viabilidad o a aquellas que se consideren inviables a futuro”.

“No se trata, por tanto, de medidas de rescate de empresas que no eran viables antes del estallido de la crisis de la COVID-19, sino de una forma de inversión en favor de la recuperación y crecimiento de aquellas empresas que, a pesar de atravesar dificultades financieras, resultan viables por disponer de un plan a medio plazo factible y un modelo de negocio idóneo”.

“Las medidas de solvencia recogidas son de carácter selectivo, tanto por su finalidad –aliviar la carga financiera de empresas viables con problemas puntuales de solvencia– como por su ámbito de aplicación –limitado a empresas y autónomos que lo necesiten y que gracias a estas medidas de apoyo público sobre sus préstamos avalados puedan ver su solvencia restaurada”.

 

Y, así de rotundamente lo manifiesta la vicepresidenta de asuntos económicos cuando dice:

“Las medidas irán destinadas a aliviar la carga financiera de «empresas viables que se ven temporalmente afectadas por la caída de la actividad y que pueden estar en una situación de sobreendeudamiento» por la crisis sanitaria”.

El Ejecutivo es consciente de que los fondos a repartir son limitados y se niega a mantener artificialmente a empresas “en coma asistido”. Se trata de, en definitiva, de “sacrificar” a empresas que no tienen posibilidades de sobrevivir y atender solo a aquellas que sí pueden recuperarse de esta crisis.

Esta línea roja también ha sido marcada por el Banco de España. En un reciente informe el órgano supervisor afirma que un 18% de las empresas nacionales se encuentra en situación de insolvencia debido a la pandemia, con una deuda neta que supera en más de 12 veces sus previsiones de beneficio para los 2 próximos años y que de ellas, la mitad son inviables.

Para nuestro Banco Central, se trata de compañías que, en el largo plazo, no podrán cubrir los gastos de explotación con sus ingresos, por lo que para ellas sólo se puede esperar «una liquidación ágil y eficiente». Esto es, que desaparezcan cuanto antes, a pesar de que tienen una deuda en créditos de más de 53.000 millones de euros.

Europa también lo ha advertido “Los fondos deberán dirigirse a restituir, como máximo, la situación que tenían los negocios previa al Covid y no a mantener a los que no funcionaban antes de la crisis”

Ya no se trata solo de documentar las pérdidas generadas por el Covid sino, también de “convencer” sobre la continuidad del negocio o lo que es igual sobre la capacidad de generación de ingresos para cubrir la deuda»

 

¿Y dónde se pondrá la nota de corte?

 

Los expertos apuntan que la clave para medir la viabilidad podría estar en retrotraernos a 2019 y estudiar qué negocios tenían una cuenta de resultados positiva en aquel momento. Valorar, si las pérdidas que “todos acumulamos en estos tiempos” son por culpa de una situación coyuntural y no consecuencia de una situación estructural. A partir de ahora, deberemos distinguir entre los negocios que necesitan las ayudas porque la crisis no les ha dejado trabajar y las empresas que, con independencia de la pandemia, no eran rentables.

Pero hay que profundizar más: no todos los sectores que funcionaban bien en 2019 funcionarán bien después de la crisis, porque no todos los negocios cuando vuelvan a la normalidad seguirán teniendo un buen emplazamiento en el mercado.

 

Capacidad de generar beneficios

 

El propio Consejo General de Economistas ha elaborado una herramienta para poder medir su “viabilidad”. Una valoración por la que todos los negocios tendrían que pasar para obtener una subvención o préstamo.

 

La propuesta consiste en un software que consta de dos tipos de test.

  • Por un lado, una prueba de solvencia no certificado por profesional, consistente en un desarrollo informático, que recoja información de la contabilidad de la empresa, de sus contratos de pasivo y de los “mecanismos de alerta temprana” (certificados de deuda pública y CIRBE). Se trata de una especie de autodiagnóstico.
  • Por otro lado, una prueba de solvencia certificado por profesional, cuyo resultado tendría efectos para terceros y validez de 3 meses desde su emisión.

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